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Política

La Guardia Nacional, el paso hacia una dictadura en México

Durante toda la campaña política de Andrés Manuel López Obrador se manejó el regreso paulatino de los militares a los cuarteles, cuestión que de un día a otro, cambió a la urgencia de crear y aprobar una Guardia Nacional, pero ¿Cuáles son las implicaciones de que dicha guardia se convierta en una realidad?

La CNDH, ONU para los Derechos Humanos en México, así como representantes de instituciones académicas y de organizaciones de la sociedad civil, han criticado el dictamen de la Guardia Nacional impulsado por Morena en el Congreso y advirtieron de los riesgos de su aprobación con un mando militar.

El mando militar

Ambos organismos (CNDH y ONU México) coinciden en señalar que aun cuando el dictamen intenta establecer un mando mixto, bajo jurisdicción militar los primeros  cinco años y luego bajo jefatura de la Secretaría de Seguridad Pública, su aplicación es ambigua e impráctica, y en los hechos otorga a mandos militares la jefatura en tareas de seguridad ciudadana.

La CNDH subraya que esto se  podría agravar, ya que, aún transcurridos los cinco años del mando militar, la formación y reclutamiento continuarán a cargo de la Secretaría de la Defensa.

“Lo anterior contraviene una serie de recomendaciones, observaciones y criterios formulados por instancias internacionales, dirigidos al Estado mexicano, sobre la obligación de restringir las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, estas últimas deben quedar en manos de instituciones de carácter civil”, señala el informe técnico de la CNDH.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, afirmó que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador ‘representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad’.

La normalización del Ejército en seguridad pública

Naciones Unidas y la CNDH advirtieron que el dictamen normaliza la intervención militar en tareas de seguridad pública, contrario al paradigma internacional moderno que establece que su intervención en estas tareas debe ser sólo excepcional, situación que además se ha reiterado en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México por abuso a derechos humanos.

“Considerándose el carácter extraordinario de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, siguen sin establecerse criterios claros de temporalidad, toda vez que el Quinto Transitorio pese a que hace referencia a la naturaleza transitoria de la Guardia Nacional, que responde a una situación de emergencia nacional y excepcionalidad, no define una temporalidad real de dicha corporación, no se instituyen parámetros objetivos al respecto”, indica la CNDH.

“El modelo concebido en el dictamen no responde a los parámetros convencionales establecidos por la Corte Interamericana. En efecto, la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad que se concibe no sería extraordinaria, pues normaliza lo que debe ser excepcional, hace permanente lo que debe ser temporal y amplía indebidamente una labor que debe estar circunscrita a criterios de estricta necesidad”, indica por su parte el informe de la ONU.

CNDH además añadió que no hay datos que sustenten que entregar la seguridad pública a las fuerzas armadas de forma permanente sea suficiente garantía para revertir situaciones de impunidad, violencia e inseguridad.

Facultad de la Guardia para investigar

Ambos organismos se mostraron en contra de la facultad que el dictamen da a los integrantes de la Guardia Nacional para ser auxiliares del Ministerio Público en la investigación de los delitos.

“Es particularmente preocupante la modificación que propone el dictamen al primer párrafo del artículo 21 constitucional, para establecer que la Guardia Nacional tendrá competencia para investigar delitos. Esta modificación debe leerse de manera conjunta con el artículo segundo transitorio. Los estándares internacionales restringen la competencia de la jurisdicción militar no sólo al juzgamiento sino también a la investigación de los delitos”, indica Naciones Unidas.

Sin fortalecimiento de policías

Ambas organizaciones concluyeron que el dictamen, aun cuando hace mención del fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en artículos transitorios, realmente no prioriza este tema, advirtiendo que los plazos que se establecen en la propuesta son “laxos” y los objetivos son “imprecisos”.

“La redacción del referido transitorio es ambigua e imprecisa, por un lado deja abierta la interpretación, respecto a que el referido programa que es realizado por el Ejecutivo prevé la reestructuración orgánica y funcional de las instituciones de seguridad pública de los estados y municipios, vulnerando las competencias entre los estados y la Federación y, por el otro, genera confusión entre los plazos que se plantean para la elaboración del programa y para la evaluación del mismo”, señaló la CNDH.

La Jurisdicción militar

Los dos organismos también condenaron que el dictamen no impone una jurisdicción civil clara sobre los posibles hechos irregulares o ilícitos en que pudieran incurrir elementos de la Guardia Nacional, pese a que dicha fuerza contaría con civiles en sus filas, y a que se supone que dentro de cinco años el mando de dicha fuerza estará adscrito a una dependencia de seguridad pública, y no a la Defensa Nacional.

“En todo caso, sería preferible señalar que los delitos cometidos por cualquier autoridad militar en perjuicio de civiles o entre militares que violen los derechos humanos, serán conocidos por las autoridades ordinarias, según lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte-IDH, la SCJN y el Código de Justicia Militar”, indicó CNDH.

¿Morena en contra?

La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier, alertó que si la Guardia Nacional mantiene un mando militar los primeros cinco años de su actuación, podría determinar quién gobernará en la próxima sucesión presidencial.

“el sentido común me dice que no” a la Guardia Nacional.

Más fallas y riesgos de la Guardia Nacional

CNDH, Naciones Unidas, así como diversos especialistas, señalaron otras deficiencias del dictamen de Guardia Nacional  además de las señaladas anteriormente. Entre ellas destacan:

*El dictamen presentado excluyó el reconocimiento tácito que debe hacer el Gobierno de México de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

*El dictamen no contempla suficientes mecanismos de rendición de cuentas de la Guardia Nacional ni tampoco de control político por parte del Senado o del Poder Legislativo en general.

*No se proporciona de forma clara y suficiente las facultades al Congreso Federal para emitir leyes en materia de uso de la fuerza y de registro de detenciones con carácter nacional y vinculatorio.

*De forma innecesaria se pretende regular el uso de fuerzas auxiliares estatales, y el uso de los centros de control y Comando C4 y C5, dándole acceso al Ejecutivo Federal a ello, lo que invade facultades y autonomía de gobiernos locales. Ello, junto con la apropiación de la tarea de seguridad pública, afecta además al federalismo.

*No se ha regulado – pese a que debió hacerse desde 2012 – la facultad que el artículo 29 Constitucional da al Ejecutivo para decretar estados de excepción y desplegar fuerzas armadas en situaciones de emergencia.

“Además de que confiar en el uso de la fuerza como recurso principal, genera un gran riesgo de que se presenten o propicien violaciones a los derechos humanos”, añade la Comisión.


Con información de Agencias



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