Política

Los cables sueltos de la transición energética

México tiene el compromiso de cubrir el 35% de su demanda energética con fuentes renovables, pero el gobierno decidió poner freno al sector, incluso a las concesiones, para reestructurarlo.

El gobierno federal se fijó la meta de producir 37% de su energía con fuentes renovables (en sus cálculos, ese indicador anda actualmente en alrededor de 16%). Pero, si quiere llegar ahí, antes tendrá que poner orden, sobre todo en los proyectos de alta escala, pues no hacerlo podría romper la inercia que llevó al sector a números récord en los últimos años, luego de la aprobación de la reforma energética que les abrió la puerta a los privados para su ingreso a la generación eléctrica.

Entre los puntos álgidos, la actual administración pretende que los concesionarios asuman los costos de la construcción de redes de transmisión y almacenamiento, los cuales han debilitado financieramente a la CFE.

Y se suma la cancelación de las controvertidas subastas de largo plazo, que daban a los privados la oportunidad de vender energía a los sectores público y privado.

Todo comenzó con la reforma energética, promulgada en diciembre de 2013, que permitió un crecimiento exponencial de las energías limpias, sobre todo la solar y eólica.

Estas energías también recibieron el impulso de los Certificados de Energías Limpias (CEL) y el acuerdo de la Conferencia sobre el Cambio Climático en París (COP), en el que México se comprometió a producir 35% de su electricidad mediante energías limpias, lo que también estableció en la Ley de Transición Energética de 2013.

Los resultados de estas iniciativas llegaron muy pronto. En 2014 había sólo dos centrales solares en operación, que generaban 70 MW, según indican cifras de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex). Hoy, entre paneles instalados en techos y centrales, el país alcanza 3,500 MW de capacidad de generación, sin contar con que hay entre 10 y 15 nuevas instalaciones en construcción.

“Hemos crecido más de lo que se estimaba que íbamos a tener ahora”, dice Israel Hurtado Acosta, secretario ejecutivo de Asolmex. “Es decir, nosotros esperábamos tener esta cantidad de [3,500] MW para 2020, en realidad. Cumplimos las metas dos años antes”, agrega.

La Asolmex calcula que, de seguir este ritmo, para 2024 habrá 18,000 MW de energía solar, de los cuales 6,000 MW provendrán de instalación en techos y 12,000 en centrales a gran escala.

En el sector eólico pasó algo similar, aunque en un periodo de tiempo más largo. El primer proyecto a gran escala llegó en 2006 y el año pasado ya había 53 parques eólicos en 13 estados del país, indica la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee). Para este año, se prevé que entren en operación alrededor de 20 nuevos parques.

En 2018, el mercado ganó, con el uso del viento, 929 MW más de capacidad instalada en operación, con lo que alcanzó 5,000 MW, un récord que podría volverse a romper este año, si se suman entre 1,500 y 1,800 MW, como prevé la institución, la cual espera que, de aquí a 2024, se inicien operaciones por otros 10,000 MW en proyectos que ya están identificados.

“Tenemos el potencial, en este periodo, de triplicar la capacidad instalada con la que terminamos 2018. Con esto, a su vez, esperamos llegar a 18 estados del país”, vaticina Leopoldo Rodríguez Olivé, quien es presidente de la Amdee.

Primer round

La transición energética hacia fuentes renovables requerirá tiempo, pero también poco más de 30,000 millones de dólares (mdd) en una primera etapa, que comprenderá todo el sexenio, y un total de 200,000 mdd, estima la Unidad de Energías Renovables de la Secretaría de Energía (Sener).

Sin embargo, la CFE, instancia que será el centro de esta transformación, no cuenta con estos recursos, por lo que la administración federal tendrá que echar mano de capitales privados. Los primeros invitados serán las empresas nacionales, aunque es muy posible que falte dinero y sea necesario recurrir al capital extranjero, con créditos o inversión de riesgo, o con transferencia de tecnología.

Pero antes de que esto ocurra, la administración federal decidió meter el freno a la industria, para arreglar algunos problemas que dejó la apertura energética, la cual tuvo el acierto de dejar los mecanismos para que crezcan las renovables.

“El gran cambio de política energética, que esperemos esté sucediendo con el nuevo gobierno, es que está analizando para qué quiere la energía, cuál es la demanda de la sociedad y de las empresas, para así dar soluciones de acuerdo con la problemática social y preservando el medio ambiente, considerando la parte económica como un insumo importante, pero como un insumo adicional”, manifiesta Manuel Martínez Fernández, investigador en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM.

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La administración federal contempla que, durante los 20 o 30 años que dure la transición energética, el país logre eficiencias que le permitan reducir su demanda y consumos sin frenar la economía.

Esa doble tendencia es posible, como ilustra el caso de Dinamarca. El PIB de este país creció 45% en 25 años, pero su consumo de energía bajó entre 6 y 8%, explica Luis Abelardo González Quijano, titular de la Unidad de Energías Renovables de la Sener.

Agrega que México debería tener índices de disminución de consumo de entre 3 y 4%. Sin embargo, advierte, se tiene otorgada 2.3 veces la capacidad total de energía eléctrica del país. “Las concesiones se repartieron como arroz en la salida de una boda. Y eso es parte del desorden”, argumenta. “Una concesión, si no se planifica dónde y por qué y qué propósito tiene para el país, no un propósito particular, entonces entramos en este desorden [de la transición iniciada]”, ahonda.

Pero hay voces que piensan distinto. “Ni de chiste, con lo que está subastado, llegará el país a 35% [de energías renovables, que fue comprometido] en 2024; nos hace falta más”, difiere, a título personal, Juan Carlos Belausteguigoitia Rius, director del Centro ITAM Energía y Recursos Naturales.

Las subastas de largo plazo se implementaron el sexenio pasado para la compra-venta de energía. El veredicto de la primera ocurrió en marzo de 2016 y, el de la segunda, en septiembre del mismo año. CFE fue el único comprador en ambas. En la tercera, cuyos resultados se dieron a conocer en noviembre de 2017, los adquirientes fueron de nuevo CFE, además de Iberdrola Clientes y Menkent (operadora de Cemex).

La principal ventaja de este instrumento ha sido la baja en el precio de la energía: 47.7 dólares promedio por MW en la primera subasta, y 33.47 y 20.57 en la segunda y tercera, respectivamente.

A manera de comparación, Rodríguez, de la Amdee, calcula que una central a gas natural puede ofrecer precios de entre 35 y 65 dólares por MW.

Sin embargo, el 3 de diciembre de 2018, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador suspendió la cuarta subasta eléctrica de largo plazo, y el 1 de febrero de 2019 la canceló de manera definitiva. “Yo no veo motivo por el que se tuvieron que haber parado. La explicación es esta añoranza de los [años] 90, que estaba monopolizado por CFE”, dice Carlos Andrés Guadarrama Gándara, consultor en Energías Limpias del Banco Mundial.

A su parecer, uno de los motivos para frenar las subastas fue que entraron generadores privados; algunos, internacionales. Pero, sin ellos, no hubiera sido posible alcanzar los precios bajos, pues este tipo de proyectos tienen altos costos de capital inicial, mano de obra y financiamiento, lo cual se aminora con las tasas que traen las empresas foráneas. A esto se añade que las trasnacionales cuentan con inventarios de paneles.

El especialista asevera que la industria de energías renovables está parada desde las elecciones presidenciales de 2018, cuando era muy probable la victoria de López Obrador, quien ha expresado su inconformidad en torno de la reforma energética y pretende que las energías limpias vuelvan a girar en torno de CFE.

“La única esperanza que el sector privado tenía para seguir invirtiendo era, justamente, la cuarta subasta, porque, al final, te da un contrato de 15 años en el que tú operas bilateralmente con CFE… y era la seguridad para seguir entrando”, postula Guadarrama.

Entonces, en este sexenio, ¿ya no habría más concesiones de energía eólica o solar? “Es muy difícil asegurarlo, pero es lo que marca la lógica y el sentido común”, responde González, de Sener.

Pero deja abierta una pequeña rendija: “Si hay tanto interés en todo este volumen de capacidad instalada, pues, vamos a sentarnos y aprovechar ese volumen de interés, de capacidad de inversión. Esto es un signo bueno para el país, que haya tanta inversión lista para ser metida a la transición”.

El 20 de marzo, Rocío Nahle, titular de Sener, declaró que las subastas de largo plazo para la compra de energía se reactivarían al menos hasta 2021, de acuerdo con información del diario El Economista, una vez que operen los 56 proyectos comprometidos durante las tres rondas que se realizaron. “Un dato importante es que, de las subastas y lo que se prometió, sólo se ha cumplido, a la fecha, 20%”, denuncia González.

Con o sin subastas, lo cierto es que hay una carrera contra el tiempo para alcanzar el compromiso de la COP, para lo cual es fundamental añadir al pay energético los 21 puntos de renovables que la administración tiene como meta. Y, para este fin, están contempladas las empresas que ya tienen una concesión.

“Claro [que estarán incluidos] aquellos que entiendan esta dinámica, que es una dinámica conveniente para todos. El Estado no puede perder a costa del beneficio de un particular y viceversa”, enfatiza González.

Trato más equitativo

A simple vista, los precios son bajos, pero no lo serían tanto si los particulares absorbieran los costos adicionales de la instalación de diversas infraestructuras que actualmente corren por cuenta del Estado.

Por ejemplo, la energía que se genera en las grandes instalaciones de fuentes renovables que están por todo el país requiere de líneas de transmisión, pero el problema es que, durante muchos años, se dejó de lado la planeación, modernización y mantenimiento de las redes para el Sistema Eléctrico Nacional, plantea la Sener.

Esto porque, durante la reforma energética, la regulación y las disposiciones del sector no complementaron este trabajo, que tuvo que incluir inteligencia de redes y un sistema de almacenamiento de energía que permitiera que el recurso pudiera ser consumido en su totalidad.

“Si esa energía estuviera bien administrada y bien aprovechada por las redes, seguramente no estaría impactando tanto en las finanzas de CFE, que, finalmente, paga esa energía en el punto en el que se genera [pero tiene que cubrir el costo de distribuirla]”, precisa González, de Sener.

A esto hay que agregar que las energías renovables son intermitentes, por lo que el mundo se está moviendo hacia sistemas de almacenamiento intermedio de diferentes escalas, hecho que es indispensable para la estrategia del nuevo gobierno, que tendrá que dialogar con los tenedores de concesiones.

“Si no es con almacenamiento de energía en conjunto, en sociedad con CFE o para propósito de autoabasto, para que ellos sean capaces de aprovecharla, va a ser muy difícil, prácticamente imposible, incorporar toda esa cantidad de energía a una red que está debilitada, que no está reforzada”, enfatiza González.

Al preguntar al funcionario si hay más costos para los empresarios, él argumenta: “Hubo dos líneas de transmisión, que son para evacuar energía renovable, que todo el mundo está demandando; sin embargo, la planificación para el uso de esos volúmenes de energía no estaba aparejada con el propósito de la red de CFE. Aquí decían: ‘Yo genero; hazme una red para que entregue esa energía’”.

Y continúa: “Puede haber modelos de inversión conjunta. CFE está abriendo las puertas para que todos los empresarios, los grandes tenedores de concesiones y demás se acerquen y se dialogue sobre el propósito de cómo hacerlo con orden, sin que el beneficio de otros represente un trastorno para el Estado. Si bien es cierto que CFE es un actor del mercado, actualmente no está teniendo las condiciones [capacidad] para poder dar un servicio de transmisión y distribución de una manera desordenada [como ocurre ahora].

La oportunidad

Después del boom de los últimos años, hoy las energías limpias experimentan una etapa de reacomodo. “Siempre se ha hecho el desarrollo energético en México en función de un desarrollo económico, y lo único que ha importado es abrir la llave de la electricidad, de la gasolina, del calor de proceso… y buena suerte”, anota Martínez Fernández, de la UNAM.

Pero sabe que el foco rojo sería que al final se impusiera la inmediatez, porque muchas veces, en el sector público, se preocupan por los grandes problemas y se olvidan de que hay que hacer sacrificios para entregar una mejor sociedad para los desprotegidos de hoy y para las generaciones futuras.

En ese mismo tenor, Belausteguigoitia Rius, del ITAM, insiste en que el gobierno debe dar solvencia a problemas como las subastas, la transmisión y el almacenamiento. “Porque si no se tiene certidumbre en todo esto, va a ser complicado desarrollar el gran potencial que tiene el país”.

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