Política

Pese a críticas, el pleno del Congreso de Tabasco aprueba la “Ley Garrote”

El pleno del Congreso de Tabasco aprobó, con modificaciones, la llamada “ley garrote”, iniciativa del gobernador, Adán Augusto López Hernández, para castigar con cárcel a quienes bloqueen vías de comunicación.

Con 24 votos a favor -21 de ellos de Morena-, uno en contra y cero abstenciones, los diputados modificaron el polémico artículo 308 bis del Código Penal de Tabasco, aprobado el viernes en comisiones.

Ahora, el referido artículo expresa que se impondrá prisión de seis a 13 años “al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local”.

Además, se le fijará multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten y la pena se incrementará en una mitad más, “cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”.

En un principio, la iniciativa del gobernador Adán Augusto aprobada en comisiones, establecía cárcel “al que impida o trate de impedir por cualquier medio” la ejecución de obras públicas, así como, “al que interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación” y “al que, careciendo de facultad legal, impida total o parcial el libre tránsito de personas”.

El pleno también aprobó reformas y modificaciones los artículos 196, 206, 299, 307 y 308 del Código Penal del Estado, entre ellas, para aumentar de 10 a 20 años de cárcel el delito de extorsión, solicitado por el diputado priista Gerard Washington Herrera, en febrero pasado.

En el pleno, en medio de protestas de grupos de asistentes, el diputado Washington Herrera se desmarcó del dictamen y aclaró que pidió legislar para aumentar cárcel a extorsionadores, pero del crimen organizado que exigen pagos de piso a empresarios y comerciantes, no para “criminalizar” las protestas sociales.

“Este dictamen no tiene nada que ver con lo que yo propuse”, reprochó.

Su compañera de bancada Ingrid Pantoja dijo que las reformas al Código Penal son “una traición al pueblo” que le dio la confianza a Morena en las elecciones y ahora se le pretende “reprimir” y citó, como ejemplo, que cualquier ciudadano puede ir a prisión por protestar en contra de la privatización del agua que promueve el alcalde morenista del municipio de Centro (cabecera de Villahermosa), Evaristo Hernández Cruz.

La diputada Katia Ornelas, también del PRI, calificó como “atentado al estado democrático” la propuesta morenista, “creadores de bloqueos de pozos petroleros y marchas y ahora impulsores de la ley garrote”.

Y alertó que lo sucedido en Tabasco “se pueda replicar en toda la República”, hasta la “aberrante” intentona, inclusive, de encarcelar a quienes participen en procesiones religiosas o festejen un triunfo futbolístico porque “bloquean parcialmente una calle o banqueta”.

El diputado de Morena Rafael Elías Sánchez Cabrales defendió el dictamen que, insistió, es en contra de extorsionadores que bloquean accesos a instalaciones petroleras y recordó que el ahora presidente de la República “nunca lucró con las luchas sociales”.

“No va a permitirse que pseudosindicatos desestabilicen el estado”, advirtió.

Los morenistas Exequias Braulio Escalante Castillo y Julia del Carmen Pardo se manifestaron en favor del dictamen, así como los perredistas Ricardo Fitz Mendoza y Agustín Silva Vidal.

De este último provino la propuesta de modificar el dictamen aprobado en comisiones, de común acuerdo, dijo, con las bancadas de Morena, del PVEM y el independiente Miguel Sepúlveda.

En contra se pronunciaron las legisladoras del PRD, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita y Elsy Lydia Izquierdo Morales.

Por la tarde, en rueda de prensa, el gobernador Adán Augusto López Hernández, manifestó que la reforma al artículo 306 bis del Código Penal, “garantiza en todo momento el derecho de manifestación y libre expresión”.

El secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, reveló que previo a la votación del pleno se reunió con diputados “para aclarar dudas y plantear una nueva redacción al artículo 308 bis”.

“Con pleno respeto a la autonomía del Poder Legislativo, me reuní hoy con diputadas y diputados de distintos grupos parlamentarios que tenían inquietudes sobre la redacción del artículo 308 bis de la iniciativa enviada por el Ejecutivo, porque la realidad es que existen pseudosindicatos que extorsionan e impiden que haya obra pública y privada en el Estado y piden hasta mil pesos para dejar pasar vehículos de las empresas a las obras”, informó.

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