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Política

Insabi: la rebelión hipócrita de los gobernadores

Los servicios de salud del Insabi en los estados han generado inconformidad de los gobernadores por dejar atrás el seguro popular, pero ellos tienen el pendiente de aclarar el destino de 71 mil mdp.
Juliana
Gobernadores se “rebelan” contra que se les quiten recursos del Seguro Popular cuando es sabido que muchos estados los usaban de caja chica y que no han hecho esfuerzo alguno por recaudar recursos propios. La falta de autocrítica de esta rebelión los llevará a perderla. Si quieren que la rebelión funcione, deberán poner sobre la mesa alternativas que no sean solo volver a la comodidad de gastar dinero y malversarlo con absoluta impunidad.

Los gobernadores han “perdido” 71 mil millones de pesos de dinero que les fue otorgado por la federación para usar en salud desde 2005. Es decir, de acuerdo a los datos públicos de la Auditoría Superior de la Federación, no han podido comprobar en qué usaron el dinero o si lo usaron. Los recursos que irían a la compra de medicinas, equipamiento de hospitales y servicios médicos no han sido encontrados a pesar de múltiples peticiones oficiales.

Estos 71 mil millones son equiparables a prácticamente la totalidad del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular; es decir, al dinero federal disponible para atender enfermedades de alto costo.

Más de la mitad de este dinero “perdido” (52%) son recursos federales que fueron transferidos a los gobernadores a través de acuerdos de coordinación celebrados entre la Secretaría de Salud y los estados. Los convenios se celebran, el dinero supuestamente se gasta, pero al final los gobernadores nunca pueden decir bien a bien cómo usaron el dinero. Con datos de la Auditoría, se sabe que los gobernadores “pierden” 12 centavos de cada peso que se les da por medio de este mecanismo. ¿Dónde está el dinero? Quien sabe. El hoyo sin fondo.

Además, los gobernadores han “perdido” 28 mil millones de pesos del llamado “Fondo de Aportaciones en Salud”, esto es 7 centavos de cada peso. El dinero “perdido” es de tal magnitud que podría ser suficiente para construir Hospitales de Especialidad en la mitad de las entidades federativas del país. Nótese que estas cifras son conservadoras pues solo incluyen el dinero que fue auditado.

Estoy convencida de que implementar el Insabi como se hizo en 2020 fue una política pública errada que costará vidas. Pero tampoco creo que debamos tolerar que los gobernadores nos digan que debemos continuar con un sistema que les permite usar el dinero del Seguro Popular como caja chica. El rechazo de los gobernadores al Insabi de poco sirve si no ponen sobre la mesa una alternativa ambiciosa para evitar la corrupción con la que por más de una década han usado al Seguro Popular.

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El gobernador de Enrique Alfaro, de Jalisco, por ejemplo, se ha negado a firmar el convenio para que el Insabi se haga cargo de operar la prestación de servicios de salud en su estado. Quiere seguir haciéndolo él. La cuestión es que, para que su petición tenga sentido y no se perciba solo como oportunista, debe acompañarla de un plan para recuperar los 8 mil millones de pesos de gasto federalizado en salud que “perdió” su estado. De acuerdo a los datos públicos de la Auditoría Superior de la Federación, el dinero proviene a veces de casos abiertos desde 2005 y tan solo en 2018 hay 508 millones de pesos perdidos.

El gobernador Diego Sinhue, de Guanajuato, dice que nunca aprobará ni de broma “entregarles el sistema de salud” a la federación. Su propuesta debería ir aparejada de un plan para recuperar los 925 millones de pesos de dinero en salud que sus predecesores en el estado “perdieron” al gastar en salud. No parecen existir esfuerzos suficientes para encontrar un solo culpable al respecto.

Los peores estados, son los que se han quedado callados, probablemente, justo porque tienen cola que les pisen. La Auditoría Superior de la Federación reporta que miles de millones de pesos de gasto federalizado en salud están perdidos. El estado de Michoacán ha perdido 12 mil millones, Veracruz 10 mil millones, y el Estado de México y Guerrero otros 6 mil millones.

Aunado a lo anterior, está el problema de que las entidades federativas no están recaudando lo suficiente ellas mismas y, en su mayoría, solo extienden la mano a la federación. Es urgente crear una nueva Ley de Coordinación Fiscal. La recaudación de impuestos por estados y municipios representa solo 0.3% del PIB. Si bien parte de ello se debe a que los impuestos más “jugosos” los ha concentrado la federación, otra parte es la irresponsabilidad fiscal de gobernadores que simplemente se niegan a invertir recursos en poner en orden a sus contribuyentes.

Es momento de que los gobernadores critiquen al Insabi desde un punto autocrítico, solo así se logrará derrotar el prejuicio con el que se están diseñando algunas políticas desde la federación.

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